Artículos de opinión

El concepto tradicional de nación, que se refiere a un grupo humano cohesionado, conlleva la presencia de algunos elementos que le son consustanciales, como compartir un mismo origen étnico, referentes históricos y culturales, territorio y un idioma.

Nosotros no hemos logrado construir esa emoción o sentimiento de pertenencia y conexión con fundamentos compartidos. Nuestra historia es de separación y exclusión mutua. La anhelada unidad, aspiración latente de todos quienes habitamos el territorio del Estado, se nos escapa por nuestra incapacidad tradicional de mirar lo colectivo y construir una identidad social, política y económica desde lo diverso, que se manifiesta, por el contrario, espontáneamente en determinadas circunstancias, como cuando celebramos los éxitos internacionales de compatriotas, y en otras en las cuales el orgullo de ser ecuatorianos se muestra altivo cuando quieren ofendernos.

Pero, si queremos que lo esté, por supuesto que nos volcaremos a ellas manifestándonos como no lo hacemos en otros espacios. Esta posibilidad es asumida por muchos, sobre todo, por quienes la utilizan para ejercer sus deseos de decir lo que quieren sin tapujos ni reservas de ninguna índole y más bien desde la ira y la necesidad de gritar su disconformidad, su rebeldía, su denuncia contra el sistema y contra las personas. Casi no hay límites y por eso, la expresión en redes es para muchos la cima de la libertad y debe ser vivida porque las normas y la contención, para ellos, es el aprisionamiento del individuo que como tal debería ser el objetivo último y mayor de todo modelo de convivencia y no la agrupación, ni las responsabilidades de cada quien frente a los otros, derivadas de la coexistencia organizada.

En algunas escuelas de derecho del Ecuador, los estudiantes del último año de esa carrera deben tomar un taller o un curso sobre deontología y ética profesional. Es una acertada decisión de las autoridades universitarias pues los futuros abogados, además de sus prácticas en los consultorios jurídicos gratuitos, reflexionan sobre los referentes conductuales de la profesión y los comprenden a la luz de casos y circunstancias nacionales y extranjeras. Huelga decir que esos referentes apuntan a los más altos niveles de la ética, como probidad notoria, lealtad con los clientes y búsqueda de la justicia en todos los casos en los que intervienen. El perfil definido para los abogados exige comportamientos ejemplares frente a todas las normas de convivencia: morales, del trato social, cortesía, culturales y, sobre todo, frente a las jurídicas que son la quintaesencia de la sociabilidad humana organizada.

Criterios e ideas que se posicionan y consolidan socialmente sin análisis de sus fundamentos y consecuencias. La humanidad, aquí y allá, deslumbrada por lo que adquiere vigencia mediática, que nunca es neutral y responde a los intereses de quienes sí saben lo que quieren proponiendo enfoques-verdades que se convierten en dogmas que suman adeptos que se transforman en huestes, agresivas e irreflexivas, que los defienden hasta las últimas consecuencias. Para el cumplimiento de ese objetivo toda acción es legítima, como estar pendientes de los que piensan de manera diferente para llamarles la atención, hacerles ver su error –claro, porque esas ideas no coinciden con las suyas– y, si no rectifican, eliminarlos por la salud y vigencia del pensamiento único, expresión máxima de su dogmatismo obnubilado que arrasa con sus oponentes sin que importen los daños que se provocan en las vidas de esos individuos y de sus familias. Todos los totalitarismos han procedido de la misma forma. Siempre ha sido así.

La asoladora corrupción en sociedades y civilizaciones está relacionada con muchos factores. Algunos le son constitutivos y otros forman parte de escenarios cercanos que permiten que se manifieste en sus diferentes formas y gradaciones. El combate a las acciones deshonestas que pervierten los sistemas de convivencia tiene la misma complejidad del propio fenómeno y debe ser concebido e implementado considerando esa amplia dimensión. Enseguida menciono tres ámbitos sociales relacionados con la corrupción y que son objetivos de la acción ciudadana en su afán de contrarrestar la deshonestidad cívica. Desde el enfoque jurídico se requiere la expedición de leyes adecuadas, con sanciones suficientes y apropiadas para que la transgresión tipificada sea castigada oportuna y cabalmente por el sistema de administración de justicia. La perspectiva social exige políticas y acciones que busquen equidad y justicia para todos, en los niveles económico, de seguridad social, salud y cultura, entre otros. La educación, como ámbito específico y esencial, debe dirigirse a la formación para la convivencia, al respeto a los otros y al entorno, para fortalecer el entendimiento colectivo de la importancia de la conexión de los ciudadanos con los deberes inherentes a sí mismos y con la búsqueda de la trascendencia personal como forma de aportar al bien colectivo.