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Empresas y Derechos Humanos: hacia una regulación obligatoria
El año 2022 puede ser aquel en el que las empresas españolas sean obligadas ‘por ley’ a cumplir con la responsabilidad con los derechos humanos y ambientales que se derive de su actividad. Así se ha puesto de manifiesto en el foro organizado en la Universidad Pontifica de Comillas, que ha organizado la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), una iniciativa de la que forman parte más de 500 entidades sociales, entre organizaciones, sindicatos o entidades como la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
Todos los expertos y expertas presentes destacaron la importancia de dar un paso adelante en la legislación española en este asunto, como paso previo para que exista una directiva europea o una normativa a nivel global. Y es urgente dado el nivel de internacionalización empresarial actual y las deficiencias en las regulaciones de muchos países del sur global. “De 1.900 empresas encuestadas, sólo el 8% evalúan el impacto de su actividad con los derechos humanos. La ONU ha mencionado a España como uno de los países que debe fortalecer su legislación al respecto”, reconocía Juan Ramón Crespo, asesor de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno. Es más, entre las grandes, de las 35 empresas del IBEX, sólo 13 evaluaban sus impactos de cualquier tipo en 2019, la minoría.
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